PROSA APRISA: Ellos, el régimen, los grandes responsables

Arturo Reyes Isidoro

Creo que en nada ayuda crispar más de lo que ya está el ambiente
político y social en el Estado señalando sin ton ni son presuntos
culpables o responsables del levantón (secuestro) que sufrió ayer
temprano el periodista Marcos Miranda Cogco, sin que se tenga el
resultado oficial de la investigación que debe haber realizado o debe
estar realizando la Fiscalía General del Estado.

Nuestro compañero fue una víctima más del clima general de
inseguridad y violencia que priva en todo el territorio estatal, pero
también del clima de agresión contra el gremio periodístico que
distingue a Veracruz incluso a nivel internacional.
Ciertamente, el problema no es nuevo, viene desde el gobierno priista
de Javier Duarte de Ochoa, atraviesa el del panista Miguel Ángel
Yunes Linares y persiste en el del morenista Cuitláhuac García
Jiménez.

Ya en 2017, la organización defensora de la libertad de expresión
Reporteros sin Fronteras calificó a nuestro estado como el lugar más
peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los
más peligrosos del mundo, nada de lo que nos tengamos que
enorgullecer los veracruzanos.

Si se quiere buscar un responsable, no es nada difícil hallarlo: es ni
más ni menos el régimen político que ha estado y está bajo la
responsabilidad de los antes mencionados, cuyo deber es garantizar la
tranquilidad y la seguridad en la vida y en los bienes de todos los
habitantes de Veracruz.

Uno por tricolor, el otro por azul y el actual por magenta (aunque lleva
apenas seis meses), ninguno ha podido ya no acabar ni disminuir el
problema, sino siquiera controlarlo, y preocupantemente cada día
crece y se ramifica más y cuando le cortan una cabeza al monstruo le
brotan tres más, como en los cuentos de hadas, de príncipes y
dragones.

Marmiko (acrónimo de su nombre y apellidos aunque le puso ko en
lugar de co –de Cogco–), como popularmente es conocido en la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río, fue privado de su libertad cuando
se dirigía a dejar a una menor familiar suya a la escuela.
La noticia cundió de inmediato, primero entre el gremio periodístico del
Estado, y luego en las redes sociales. Pronto estuvo en los medios
nacionales.

Y ante la preocupación de los periodistas por saber su paradero y
hallarlo con bien, surgieron las sospechas y acusaciones que
involucraron al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al
secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, y que motivaron las
recriminaciones oficiales de siempre contra el fiscal general del
Estado, Jorge Winckler Ortiz.

O sea, en tratándose de un asunto de la mayor gravedad y
preocupación porque se trataba y se trata de la vida de una persona,
en lugar de que las autoridades conjuntaran esfuerzos y recursos para
rescatar sano y salvo al compañero, reiniciaron su pleito político y
personal; empezaron a utilizar a la víctima de pretexto para seguir
dirimiendo sus diferencias, lo que es totalmente reprobable.

Bajo mi total responsabilidad, expreso mi creencia de que ni
Cuitláhuac ni Eric, como dijo ayer el Ejecutivo, llegan a la perversidad
de atentar u ordenar atentar contra la seguridad de un periodista. Tal
vez no les gusten nuestras críticas y nos repelan, pero no los creo, a
menos que se les demuestre plenamente, que son la mano que mece
la cuna en el caso que nos ocupa.

Lo que sí es que inevitablemente no pueden rehuir la responsabilidad
que tienen como autoridades porque no han sido capaces de contener
el clima de inseguridad que nos amenaza a todos y por ello tienen que
rendir cuentas a la sociedad.

Creo que tampoco es lo mejor ni oportuno volver a lanzar cacayacas
contra la Fiscalía General del Estado sino que deben de pedirle, de
exigirle a su titular, de la forma más enérgica pero respetuosa, que
realice en forma expedita y profesional las investigaciones a que haya
lugar, que se rescate bien a la víctima, que se detenga a losresponsables y que se les vincule a proceso con las pruebas más contundentes para que no salgan libres y no continúe la impunidad.

Porque se trata de un periodista el ruido mediático subió de tono y las
exigencias de resultados y las críticas arreciaron contra el gobernador,
pero salvo por las características de nuestro quehacer nada nos
diferencia de otros veraruzanos que han sufrido (y muchos sufren en
cautiverio) secuestros, por lo que el problema es grave y requiere
urgente solución no solo en el caso de Marmiko sino de otras
personas víctimas del estado de descomposición social que se vive.

La solución tenemos que ser todos pero desalienta que en lugar de
convocar a un gran frente común las autoridades prefieran privilegiar
su enconos y pongan por delante sus pleitos. Se impone un ¡ya basta!
y, en último extremo, si no entienden la preocupación y el dolor de la
población, entonces, señores gobernantes, autoridades, hagánse a un
lado, pidan licencia y vayánse. El destino de los veracruzanos no
puede continuar siendo rehén de sus pleitos.

El Congreso local da señales alentadoras

En medio del anterior escenario, bastante alentador resultó ayer el
desayuno que la directiva del Congreso local ofreció a periodistas que
cubren esa fuente así como a columnistas y directivos de diversos
medios de Xalapa y algunos del puerto de Veracruz.

Creo no estar equivocado si digo que en lo que va del actual gobierno
morenista no se habia logrado una convocatoria como la que tuvo
lugar en un restaurante con motivo del pasado Día de la Libertad de
Expresión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan
Javier Gómez Cazarín, tuvo el mejor auditorio para repudiar el
secuestro de Marcos Miranda Cogco, pedir a las autoridades
correspondientes dar con su paradero y que se sancione a los
culpables.

Seguramente debe resultar reconfortante para su familia que le haya
ofrecido el respaldo del Congreso y se escuchó bien que solicitara no
politizar el caso.

Fue el presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro,
quien expresó el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio
periodístico.

En la mesa principal estuvieron también los coordinadores de las
bancadas del PAN y del PRI-PVEM, Sergio Hernández Hernández y
Erika Ayala Ríos, respectivamente, y en el salón los diputados Adriana
Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina
Alarcón Gutiérrez, Jessica Ramírez Cisneros, Magaly Armenta
Oliveros y Deysi Juan Antonio.

También los diputados Jorge Moreno Salinas, Rodrigo García
Escalante, Wenceslao González Martínez, Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade
Rivera, además del Secretario General del Congreso, Domingo
Bahena Corbalá, y el coordinador de Comunicación Social, Aldo
Adrián Valerio Zamudio, así como el coordinador de Información,
Rafael Fernández Azcoitia.

La reunión sirvió para demostrar que sí se puede y que la convivencia
dentro de la diferencia es posible, por lo que surge una pregunta
obligada: ¿por qué el gobierno del Estado no? Valerio Zamudio y
Fernández Azcoitia estuvieron atentos a los detalles y dieron muestras
de tener oficio político periodístico.