En riesgo la estabilidad y gobernabilidad del país con la reforma electoral: Iglesia Católica 

• Afectará la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, señala

Irineo Pérez Melo

La estabilidad y gobernabilidad democrática del país están en riesgo, ante la Reforma Electoral que se está promoviendo desde el Poder Ejecutivo Federal, la cual por su orientación y motivos es “claramente regresiva y constituye un agravio a la vida democrática del país. 

Lo anterior se desprende del mensaje que los Obispos de México envían al pueblo sobre la iniciativa de una Reforma Constitucional en Materia Electoral el pasado 31 de octubre del año en curso, en donde se destaca que ésta afectará la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. 

En dicho mensaje, difundido por la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, los prelados mexicanos expresan su reconocimiento a la labor que han realizado en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  

“El INE y el TEPJF hoy, son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas”, se indica. 

En el comunicado, signado por el presbítero José Manuel Suazo Reyes, se indica que “el INE es una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular.  

El INE “ha forjado la cultura de la identificación oficial, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral”. “El INE goza de reconocimiento internacional”. Como todas las obras humanas, es también una institución perfectible.  

“Ningún ciudadano y menos los gobernantes, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, señalaron.  

Se destaca que ningún ciudadano y menos los gobernantes, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF”. Por lo tanto, unidos a millones de voces, los obispos mexicanos “piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional”. “No hay que poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, señalan.  

En el documento, los obispos mexicanos apelan además “a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico”. “La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos”, señalan. “Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país.  

Por último, los prelados mexicanos hacen un exhorto al Poder Ejecutivo y Legislativo para que “asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México”.