Aquí no aplica el peyorativo de “burocracia”, cuya connotación es de ineficiencia o lentitud en el cumplimiento de sus funciones, porque de siempre, desde su creación en el año 2000, el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS), que por sus atribuciones orgánicas, debe ser garante en el manejo correcto de los fondos públicos de la administración estatal y municipal, pero es todo lo contrario, porque al revisar las cuentas publicas de los municipios y organismos públicos que no cuentan con protección política, están predestinados a ser observados por desviaciones de recursos y el irreversible daño patrimonial. Nunca ha sido diferente, es tendencioso e inquisitivo en sus auditorias, pero únicamente en las haciendas donde el padrino político abandonó a su suerte al director o alcalde, y éste tendrá que defenderse por si mismo, aun y cuando en el periodo analizado haya cumplido con la normatividad establecida.
Tal y como sucede en el Congreso local, donde se legisla por consigna, el ORFIS señala únicamente a los municipios y entidades del estado que han incurrido en alguna indisciplina o deslealtad hacia algún partido, o político, y éste les ha retirado su apoyo. Aunque por supuesto el político debe pertenecer al círculo que mantiene pactos con el poder estatal para que se cumpla con la reciprocidad negociada. O de plano, por el solo hecho de ser alcalde o funcionario de municipio pequeño, serrano, marginal, sin compadrazgo, ni relaciones políticas, eres sujeto de “bulling” o discriminación institucional por parte del organismo fiscalizador.
La justicia administrativa solo es para los hijos predilectos, los funcionarios y municipios donde mas que la transparencia administrativa, es el acuerdo político con el partido, el diputado, o el alcalde de extracción diferente a quien gobierna el estado. El intercambio político y la opacidad en la información de los recursos son la moneda de cambio del ORFIS, así organice y gaste cualquier cantidad de dinero en capacitación para los funcionarios estatales y municipales. Así tenga a los premios nobel en las auditorias financieras y contables, la sentencia y sanción en los resultados de la cuenta publica del 2012, solo nos indican que la fiscalización se sigue dando por consigna.
En la Administración estatal o municipal, la vorágine rapaz de algunos ex funcionarios o funcionarios, han dejado en estado de indefensión a dependencias y empleados, que laboran sin recursos, y desarrollan sus actividades con un ejemplar sentido de servicio, del que están orgullosos y son los primeros en explicar e informar a los usuarios sobre las condiciones en que trabajan.
Y señalan con nombres y apellidos a quienes han utilizado los recursos de sus organismos, dos de ellos, Luis Alberto Pozos Guzmán y Raúl Zarrabal Ferrat. Uno como ex alcalde de Xico y el otro ex secretario de la extinta SECOM, hoy Secretaria de Infraestructura de Obras y Publicas. Zarrabal, actual diputado, exonerado al solventar, según el ORFIS, los 19 millones de pesos que detectaron de desvío durante su gestión, mientras que Pozos Guzmán, señalado por su comunidad por los excesos cometidos, pero también por haber traicionado al PRI y al Prof. Guillermo Zúñiga Martínez y ganar la alcaldía por el PAN. Ambos son medidos por diferentes raseros, lo que extiende la duda sobre la imparcialidad y probidad del ORFIS, que solo abona a la nula credibilidad que existe sobre él.
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