La democracia barata sale cara

Por Rodrigo López San Martín

En 2018, un habitante de la Ciudad de México debió elegir entre 4 candidatos a Presidente de la República, 7 a Jefe de Gobierno, 6 a senador, 3 a diputado federal, 6 a diputado local, 6 a alcalde, más los candidatos independientes que alcanzaron registro en sus procesos locales.

Frente a esto, el debate alrededor de la propuesta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador es una oportunidad para abrir una discusión más profunda para nuestra democracia: la calendarización de los procesos electorales.

Sí, la democracia en México cuesta mucho y no siempre los ciudadanos perciben las ventajas de esa inversión. Pero mal hemos hecho, anclados en esa lógica, en emprender un esfuerzo demagógico por hacer coincidir tantos procesos electorales como sea posible sin ningún criterio más allá del económico. Aunque genere eco por el malestar popular, en nada ha beneficiado a los mexicanos.

En 2018, ese mismo ciudadano fue bombardeado con mensajes políticos de más de 30 candidatos que le hablaban, todos, de los problemas de su vida cotidiana… Evidentemente, no todos generaron el mismo interés y, naturalmente, los de mayor exposición mediática arrastraron a los demás. Para bien y para mal.

El resultado para el elector: muchas campañas pobres, colgadas de la figura de un líder carismático nacional, que fueron suficientes para alcanzar triunfos que en otro contexto habrían sido impensables. Hoy, esto se traduce en cientos de autoridades y legisladores que son absolutos desconocidos para la mayoría, con poquísima representatividad entre sus electores.

Ahora, AMLO busca trasladar este efecto a la elección intermedia de 2021. Sabe que los candidatos de Morena serán más fuertes con él en campaña y en la boleta. Aprovechemos esta coyuntura para discutir el fondo.

La democracia cuesta, porque la mala calidad democrática —lo sabemos bien en México— cuesta mucho más. Enterremos entonces la demagogia del ahorro para tomar decisiones tan importantes. Dos propuestas:

Primero, la segunda vuelta para la elección de cargos ejecutivos urge en nuestra legislación. Nadie debería gobernar un territorio y su población sin el aval de la mayoría, al menos como segunda opción.

Segundo, si bien no es posible ni deseable organizar procesos electorales todos los años, deben separarse las jornadas electorales locales y federales.

Ningún gobernador o presidente municipal, con la enorme responsabilidad que tienen, debería alcanzar el cargo por la popularidad de un candidato presidencial. Los estados son entidades soberanas y así deberían ser sus procesos electorales.

Para esto, es necesario diferenciar en el tiempo entre dos tipos de procesos electorales.

Por un lado los procesos locales, donde elegiríamos gobernadores, alcaldes y diputados locales en una jornada concurrente, dejando la segunda vuelta, de ser necesaria, sólo para la elección de gobernantes.

Del otro lado, en los federales, coincidiría la elección de diputados federales y senadores con la presidencial, que igualmente tendría la opción de una segunda vuelta entre los dos principales contendientes.

Ojalá esta coyuntura sea el escenario para debatir algo tan importante para nuestra democracia, como la revocación de mandato misma.