Enrique Yasser Pompeyo
La lucha por el poder y el control político en el estado de Veracruz ha llevado a que se actúe con arbitrariedad y se cometan violaciones a la ley.
El caso del Ayuntamiento de Actopan es el mejor ejemplo de ello.
Tras la revocación de mandato y detención de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, ahora se le ha negado su derecho de recibir visitas en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo.
Como lo informaron los medios de comunicación, este miércoles acudieron al referido penal, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Héctor Larios Córdova, y el coordinador de los diputados locales, Omar Miranda Romero con la finalidad de manifestarle su apoyo, pero se les prohibió el acceso, a pesar de que la Secretaría General del PAN había solicitado, por escrito y conforme a la ley, la entrada al reclusorio.
El pretexto que les dieron fue que no podían ingresar por “razones de seguridad”.
Larios Córdova acusó que a la ex síndica “se le aplicó la ley a conveniencia, haciendo uso de las dependencias del Estado encargadas de la procuración de justicia, deteniéndola antes de haber sido aprobado su desafuero en el Congreso del Estado”.
Expuso que tanto Lucero Jazmín Palmeros como el alcalde José Paulino Domínguez fueron separados de su cargo por un dictamen aprobado en el Congreso del Estado de manera “totalmente ilegal y arbitraria, y sin que existiera dentro del propio expediente algún dictamen del Órgano de Fiscalización que acreditara el presunto desfalco”.
De manera que calificó todo el proceso como desaseado, que viola los derechos humanos de los presuntos inculpados; además denunció abuso de poder y persecución política contra las autoridades del Ayuntamiento de Actopan por parte del gobierno morenista.
Si a la ex síndica se le comprueba que incurrió en irregularidades se debe aplicar la ley, pero las autoridades deben hacerlo con imparcialidad y objetividad.
Lo único que se ha mostrado en este caso es que se actúa con banderas partidistas; parecería que se busca cobrar venganzas políticas, tener el control, pero a costa de partidizar la justicia y torcer la ley.
DEL CORREO: LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE XALAPA
Asistentes al Diplomado “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los derechos humanos” que se imparte en la Casa de la Cultura, aseguran que actualmente en esa institución de la SCJN hay un ambiente de hostilidad e ignorancia desde la llegada del nuevo director y es que la designación de Luis Iván Juárez Segovia fue equivocada, debido al antecedente que dejó el anterior director de más de 10 años en ese cargo, con amplio conocimiento de la ciencia jurídica al contar con Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho, gran orador, y autor de varios libros de derecho parlamentario, fina persona en atenciones hacia el público.
El maestro en Administración y licenciado en Comercio Exterior, Luis Iván Juárez Segovia fue presentado durante la inauguración del diplomado, haciendo evidente su falta de conocimiento de la ciencia del derecho y profesionalismo, ya que no pudo mantener un discurso, solo habló unos segundos bajando rápidamente del estrado ante la sorpresa de los asistentes que, más allá de esperar un discurso elocuente como lo habría pronunciado el Dr. Berlín, esperaban a un especialista y amplio conocedor de la ciencia jurídica.
Pasantes y alumnos de la carrera de Derecho han solicitado una entrevista con el nuevo director para integrarse a cubrir una licencia de maternidad o simplemente como practicantes profesionales y su respuesta es: No tienes experiencia en el área de trabajo, las contrataciones las hace la Suprema Corte directamente. Dicho sea de paso, el interinato por la licencia de maternidad le fue otorgado a una licenciada en Administración de Negocios Internacionales.
Quienes allí laboran están sufriendo acoso laboral por parte de este pseudodirector, afirman que se la pasa observándolos mientras ellos realizan sus actividades, y que en cualquier momento puede aparecer mientras ellos están trabajando, por lo que sienten que no pueden trabajar de manera libre constituyéndose como víctimas de “mobbing”.
Este es un llamado a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, no permitan que tan noble institución de la ciudad de Xalapa siga en manos de una persona ignorante de la ciencia jurídica que solo pelea por conservar el puesto sin respetar los derechos humanos.
Anteriormente el nuevo director ejercía como enlace administrativo de una de las CCJ que cerraron, él es de la Ciudad de México, pero laboraba fuera, motivo por el cual desconoce por completo la ciudad y las barras y federaciones de abogados de la ciudad capital del Estado de Veracruz.
La gran pregunta ¿Cómo alguien que ni es abogado, del estado llegó a ese puesto?¿De quién es amigo?
El director general de las casas de la cultura jurídica, Héctor Paniagua Robles tiene el deber de decir los motivos por los cuales realizó esa designación, habiendo personal dentro de la CCJ que cuenta con mayor conocimiento de la ciencia jurídica y son conocidos por las federaciones y barras de abogados de la ciudad.
En pocas palabras, la CCJ con su actual director sigue funcionando, debido al gran equipo de trabajo con el que cuenta, igual que lo hacía antes de que nombraran director.
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