MESA DE REDACCIÓN: Ejecuciones no cesan en Veracruz

Enrique Yasser Pompeyo

Las ejecuciones no cesan en el estado de Veracruz y particularmente en la zona sur.

Sin embargo, las autoridades estatales insisten en negar los altos índices de violencia que se registran todos los días.

Pese a los anuncios de supuestos operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, se observa todo lo contrario.

Tan sólo este jueves se registraron dos ejecuciones que han generado temor e incertidumbre entre la población.

El primer caso se generó en el municipio de Acayucan. 

En calles del Barrio Tamarindo fue asesinado un hombre, quien se desempeñaba como policía municipal en San Juan Evangelista; iba acompañado por una mujer que resultó herida.

El segundo caso fue en el municipio de Coatzacoalcos. 

Un sujeto fue baleado en la colonia Puerto Esmeralda y su cuerpo quedó tirado en la calle. Hasta  el momento se desconoce su identidad.

De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en el estado de Veracruz, en  los primeros cuatro meses de este 2020, se contabilizaron 678 homicidios; 413 homicidios dolosos; 260 con arma de fuego; 51 con arma blanca y 102 con otro elemento.

En este contexto, un joven de 16 años de edad que estaba reportado como desaparecido fue hallado ejecutado a balazos en el ejido Hidalgo de Amajac, municipio de Álamo, ubicado en la zona norte de la entidad.

Como se observa, el gobierno estatal y las dependencias encargadas de la seguridad y de la impartición de justicia han sido rebasadas.

Las autoridades sólo han demostrado ineficacia e ineficiencia, además de desdén hacia las familias veracruzanas.

EL CASO ACTOPAN

Con la resolución emitida por la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, quedó demostrado que el pasado 4 de marzo de este año, los diputados de Morena incurrieron en irregularidades y violentaron la Ley de Procedencia y Juicio Político, señaló el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Omar Miranda Romero. 

Destacó que como un hecho sin precedentes, en el Congreso del Estado de Veracruz, los legisladores de Morena, realizaron hasta lo imposible para que se llevara a cabo la revocación de mandato del Presidente y Síndica del municipio de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, respectivamente, lo cual finalmente lograron con mayoría de votos.

Esto, puntualizó, trajo como consecuencia para los afectados: persecuciones, hostigamiento, y encarcelamiento, además de imposiciones, toma de decisiones unilaterales por parte del Gobierno y diversos juicios en materia electoral y de controversia constitucional; sin embargo, dijo, la justicia concedió la razón y se dio un paso en contra de actos que vulneran el Estado de Derecho por parte del Gobierno. 

Cabe mencionar que la SCJN resolvió el incidente de suspensión de la controversia constitucional 17/2020, en donde le indica al Congreso del Estado, abstenerse de hacer efectiva la resolución de la revocación de mandato, hasta en tanto el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, el alcalde y síndica de Actopan revocados, deben de continuar en el cargo, gozando de fuero constitucional y suspendiendo de igual forma cualquier proceso penal en su contra. 

“El presidente y síndica de Actopan, siguen en el ejercicio de su cargo, desde el momento que les notificaron sobre la suspensión y por ende, no pueden ser detenidos por ninguna orden de aprehensión girada en su contra, mientras que para el caso de la síndica que se encuentra detenida en el Penal de Pacho Viejo, debe ser puesta de manera inmediata en libertad y suspender el proceso penal, dado que ambos funcionarios gozan de fuero”.

Hay que recordar que todo el proceso estuvo plagado de irregularidades, empezando por el hecho de que se presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio político y no una revocación de mandato.

No conforme con ello, las pruebas que se presentaron en el expediente, no eran ni suficientes, ni legales, porque las obtuvieron de forma ilícita con el apoyo de la extesorera, quien precisamente, las produjo.

Por tal motivo, insistió en que en todo el caso hubo violaciones a la Ley de Procedencia y Juicio Político del Estado.

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