Empleados y exempleados de Laguna Verde denuncian extorsión del jefe del área jurídica y su madre

• Acusan a Miguel Ángel Ramírez y Bertha Aragón, de hostigarlos para que sea ella quien los represente legalmente en el litigio que tienen con la paraestatal
• Señalan conflicto de intereses al permitirse el contubernio al ser madre e hijo los involucrados en está práctica injusta

Xalapa, Ver.- Exempleados y empleados en activo de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde acordaron emitir un comunicado conjunto para denunciar públicamente la extorsión que sufren por parte del jefe del departamento jurídico, Miguel Ángel Ramírez Aragón, quien en contubernio con su madre, Bertha Iselda Aragón Cortés, hostigan a quienes tienen un litigio con la paraestatal para que sea ella quien lleve su representación legal, con la amenaza que de quien no lo haga así será desplazado, lo que significa que su caso no avanzará.

“Lo que hacen es, presionar por las dos partes, Miguel Ángel Ramírez como representante de la nucleoeléctrica y su madre como abogada laborista, argumentando que ella formaba parte de la Junta Federal 22 en Xalapa y que conoce bien los procesos y tiene contactos que le pueden ayudar a que quienes no quieren que sea ella la que los represente, les ‘congelen’ los expedientes para que no avancen”.

Los empleados y exempleados, que en esta ocasión piden no mencionar sus nombres, para no afectar más la situación que están padeciendo, decidieron dar a conocer el problema pues implica un conflicto de intereses, ya que el jefe del departamento Jurídico está tomando ventaja de su posición para favorecer a su madre con información de los litigios activos para que ella pueda hostigar a los demandantes.

Incluso mencionan que ya han interpuesto quejas ante la Junta Federal del Puerto de Veracruz y en Xalapa, pero no han avanzado.

Por lo que exigen justicia por parte de los directivos de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, a fin de dar por terminada la alianza entre los abogados ya que están afectando a muchos al negarles acceso a la justicia laboral y a la libertad de elegir quién los represente en los litigios.