MESA DE REDACCIÓN: Sierra Alta de Coatepec, ¿quién está detrás?

Enrique Yasser Pompeyo

¿Quién o quiénes están detrás de la invasión a los terrenos conocidos como Jinicuil Manso del municipio de Coatepec? ¿A quién o quiénes les interesa continuar con ese conflicto? ¿Cuál es la verdadera intención?

En un comunicado, los ciudadanos propietarios detallan y explican la situación. 

De entrada, precisan que los terrenos que actualmente mantienen despojados integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) tienen dueños, “somos nosotros y tenemos las escrituras que lo avalan”.

Explican que, desde hace más de 2 años, los integrantes de la CIOAC decidieron invadir sus propiedades bajo el argumento de que son “terrenos nacionales” (que no lo son) y con una constancia de posesión falsificada, supuestamente expedida por la autoridad municipal de Coatepec, pretenden forzar al gobierno federal a que les quite su patrimonio. 

“Es imprescindible precisar que resulta absolutamente falso que quienes nos invadieron hayan estado en posesión de tales predios desde 1976”.

Incluso, sobre la falsificación de la referida constancia, se desahoga ya un proceso penal.

De manera que, ante la contundente evidencia de que son víctimas de un despojo, tanto los dirigentes de la CIOAC como los “perpetradores de ese delito”, se encuentran vinculados a proceso por parte de un juez de control. 

Esa vinculación a proceso fue ratificada por un juez de distrito del Poder Judicial Federal que les negó el amparo que solicitaron, decisión que fue ratificada por un Tribunal Colegiado de Circuito, que declaró improcedente su recurso de revisión. 

Los datos de tales expedientes son públicos y pueden ser consultados en el portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, en las siguientes ligas: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx? arch=3876/3876000027795073010.pdf_1&sec=Ricardo_Emerson_Jos%C3%A9_T orres_del_Abrego&svp=1

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx arch=1412/1412000028518444004.pdf_1&sec=Claudia_Karina_Pizarro_Quevedo &svp=1

La juez de control -en la resolución de fecha 8 de abril de 2022- ordenó que les restituyeran los predios que les invadieron. El plazo concedido para ello se venció y están en espera de que las autoridades judiciales y el Ministerio Público hagan cumplir tal determinación.

Aquí viene el dato interesante: “No podemos pasar por alto que el despojo de nuestras propiedades se llevó a cabo en el contexto de los compromisos de carácter político-electoral que el gobierno fincó con los dirigentes de la CIOAC: quitarnos nuestras tierras a cambio de votos (escasos, por cierto). Por tanto, la presencia de los integrantes de la CIOAC en el centro de Xalapa, para decir que `defenderán´ las tierras que delictuosamente ocuparon, no es sino el pase de factura de esta organización al gobierno morenista. Solamente de esa manera puede explicarse el aletargamiento de las autoridades para hacer cumplir las decisiones judiciales que ordenan que se nos devuelva lo que se nos despojó”.

Por ello, acusan que la CIOAC optó por recurrir al chantaje y al vituperio, en especial hacia su asesora jurídica; “se cuidan, sin embargo, de revelar quién o quiénes han financiado y alentado la invasión a nuestras propiedades y han cubierto los honorarios de sus abogados que, como Gerardo Escobedo Muñoz, son caros, como lo son todos los abogados vinculados al fidelismo”.

Además, hay otro problema en este caso. Así lo explican: “consideramos pertinente advertir, además, que las pretensiones de los invasores representan un peligro inminente a la ecología de Coatepec y Xalapa, dado que las intenciones de crear una mancha urbana para satisfacer a quienes delinquen atentaría contra el abastecimiento de agua de, por lo menos, dos municipios, uno de ellos, la capital del Estado”.

El llamado, la petición, la exigencia es urgente: “esperamos, entonces, que a la brevedad el Gobierno de Veracruz opte por respetar el estado de Derecho, ejecute las órdenes judiciales y se abstenga de pactar con delincuentes que, bajo la inexistente bandera de una supuesta precariedad, lastiman y atropellan el derecho de otros y atentan contra la ecología y, por ende, contra el bienestar y la salud de otros cientos de miles de ciudadanos”.

enriquepompeyo@hotmail.com