Protegidos por la impunidad / Marco Antonio Figueroa Quinto

No podemos negar que la impunidad es actualmente una de las peores lacras de este gobierno, por doquier podemos ver que los delitos de unos cuantos no son sancionados. En esta entidad pese a los desmanes de algunos funcionarios en el poder y comprobarse corrupción, no pasa nada.

Quizá estén amparados en lo que sucede en otras esferas, ya que Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero goza de completa libertad, después de tantos latrocinios en esa entidad. Para nadie es un secreto que, actualmente, cada gobernador es un verdadero señor feudal, que impone y manipula los recursos y las fuerzas de “seguridad” de acuerdo a sus particulares intereses, donde logra controlar el poder con las viejas técnicas de la represión de los llamados caciques.

Al entender la impunidad como una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito, se presume que los órganos del poder se cubren con la misma sábana. Si hemos observado que algunos presidentes municipales (Iguala es el clásico ejemplo) son en su feudo auténticos caciques, donde ellos tienen a su propia organización por medio de la cual espían a sus ciudadanos y utilizan para realizar operativos paramilitares en las detenciones o en las desapariciones de gentes que les estorban en la política o bien les impiden operar en las relaciones con la delincuencia organizada, en sus enormes negocios de narcopolítica, que es la fuente real del poder económico y político, para sostener el poder que controlan.

A quien se pretende engañar que el referido gobernador no estaba enterado de las acciones de este subordinado, y de igual manera la pretendida ignorancia del presidente de la república de las acciones del ejecutivo en esa entidad. En nuestro país vivimos en una cultura de la impunidad, la que existe cuando un grupúsculo se apodera de las decisiones importantes, concediéndose “carta blanca” para lo que se desea. Negando a otros su derecho a la libertad de expresión. Lo hacen perversamente; sabiendo que es poco probable que tengan que rendir cuentas por sus acciones.

Pues al tener a las fuerzas militares y el poder judicial a su lado bien domesticados, gozan de hacer valer sus caprichos. En esta cultura de impunidad se crea un clima de inseguridad para los que practican el derecho a la libertad de expresión. Esto lleva a un mundo donde la gente tiene miedo de hablar. Donde se reprime la crítica. Donde las preguntas difíciles no se hacen. Donde los poderosos no se dejan desafiar. El resultado es un mundo en donde se silencia la libertad de expresión.

Día a día se observa que muchos de los conflictos que se ven en los estados de la república están sustentados por las acciones paramilitares que realizan, con total impunidad, esos grupos de “seguridad” que operan con algunos gobernadores que están ligados a la delincuencia organizada ya que, solamente, este sector, es el que puede disponer de enormes recursos financieros que usan en campañas o en el control electoral de sus estados ya que todos pueden entender que la disposición y mal uso de los recursos públicos, pueden ser detectados y por tanto, “castigados”, judicialmente. Esas fuerzas del orden que operan en muchos estados de la República llevan el mismo camino que tuvieron las fuerzas controladas por la “célebre ” Dirección Federal de Seguridad, cuando para sostener sus acciones y mantener a sus sicarios y elementos operativos, tuvieron que recurrir a la complicidad y a la operación directa en el narcotráfico, en el contrabando, en el tráfico de armas y de personas, por lo que, al salirse del control político y representar un peligro social y de seguridad, los mismos políticos, tuvieron que optar, bajo la presión internacional, para eliminar a esa organización y a sus jefes visibles de la época, lo que ya empieza a ocurrir en este sexenio, para “tapar el ojo al macho” y seguir como si nada.

Hoy, se tendría que hacer una investigación para detectar y eliminar a esos grupos de políticos, sean federales, estatales y/o municipales que son la base de protección real en la delincuencia organizada y que frenan la lucha por alcanzar la seguridad pública, garantizar la seguridad nacional y dar plena vigencia a un clima de derecho, paz y tranquilidad. La vox populi veracruzana ya tiene su veredicto al respecto; pero existe un auténtico temor de hacer la denuncia respectiva; pues esos desalmados no se tentarán el corazón para fulminar a quien o quienes les estorben ¡El terror existe y no es inventado! Lo mismo pasa y ha pasado a quienes han pretendido salirse pacíficamente de esa mafia, que irremediablemente los conduce a la muerte. Esta situación debe terminar para beneficio de todos, por lo que algo debemos hacer pero ya.

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