Rendición de cuentas / Lino Perea Flores

III Parte

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, más otro gran número de ordenamientos jurídicos y reglas de operación, tienen el denominador común de que establecen  la forma como se deben planear, programar, presupuestar, ejercer y evaluar los recursos públicos que la sociedad mexicana ha depositado en los sistemas administrativos y contables de los diferentes niveles y poderes de gobierno, para que la rendición de cuentas sea dentro del marco estricto de la ley. Sin embargo, existen múltiples razones por las que los mexicanos no se sienten respaldados en este sentido, por lo que esperan que las “nuevas” leyes ahora sí se apliquen y respeten. Las economías de los más pobres así lo demandan.

Como lo señalamos en la entrega anterior, el Senado de la República ya ha aprobado una serie de modificaciones constitucionales, como apoyo a los nuevos ordenamientos jurídicos que atacarán de frente la impunidad y la corrupción, en virtud de que parecieran letra muerta los que ya existen; de esta manera, se enfatizan los alcances de las nuevas disposiciones en la  materia y se proponen los apoyos administrativos correspondientes, que deben servir para implementar los cursos de acción, se dice ahora sí, los que fueran necesarios para hacer cumplir las leyes, lo que se antoja estulto ya que la mayoría de los funcionarios públicos han jurado cumplir y hacerlas cumplir, más no lo han hecho y esperemos que ahora sea distinto. Las denuncias desde el año pasado por parte de la Auditoría Superior de la Federación en este sentido, lo corroboran.

Tal vez, lo diferente es que la nueva Ley General de Transparencia y la nueva Ley General Anticorrupción, junto con el nuevo Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, creados para vigilar la transparencia en los actos de gobierno con y sin particulares, incluyendo ahora a quienes sin razón o sin ella han sido omisos ante la ley, más las nuevas medidas que se deben habilitar en materia de anticorrupción en virtud de la impunidad vigente, pueden ser el detonante de una nueva era que la población está esperando con impaciencia. Algo así como un nuevo aire renovador de valores de la sociedad mexicana, que sobretodo esperan los jóvenes que suceda.

En las próximas semanas y meses veremos si la lucha contra la impunidad y la corrupción va en serio; por lo pronto, baste decir que los instrumentos jurídicos ya existen, ahora solo basta con aplicar la Ley para que la población vuelva a creer en su país, en un desarrollo futuro más promisorio, donde el respeto a los mandatos constitucionales sean el sinónimo de un sistema justo, equitativo y  democrático. Todo los instrumentos y normas jurídicas tienen un caracter vinculatorio y forman parte ya, del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y de la Rendición de Cuentas.

En materia de rendición de cuentas, los anteriores ordenamientos dejaron mucho que desear ya que no se aplicaron, como por ejemplo la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, que con honrosas excepciones, no se habilitó en tiempo y forma, a pesar de las prórrogas concedidas para su aplicación, por lo que tal vez no hubiese habido necesidad de nuevos ordenamientos jurídicos si hubiera sucedido lo contrario.

En este sentido y por consiguiente, la primera tarea para el nuevo Fiscal Anticorrupción será el traer a cuentas, a quienes en su responsabilidad recayó el aplicar las nuevas disposiciones, que a sabiendas no lo hicieron pero inclusive terminaron menoscabando las finanzas del erario público. Si tan solo se hubiera aplicado la ley, se habrían comenzado a utilizar los nuevos sistemas informáticos para operar la nueva contabilidad gubernamental en tiempo real, lo que hubiese impedido la desviación de recursos, pero no se hizo y no se cumplió con la Ley. El haber aplicado los sistemas previstos, hubiera transparentado de inicio las operaciones financieras de los ejecutores del gasto público, pero ya sabemos que los hubiera no existen.

Comentarios:   perealino@yahoo.com.mx  (*)Maestro en Ciencias y Doctor en Economía por la London School of Economics and Political Science, de la Universidad de Brunel y la Universidad de Londres, Inglaterra.