Apenas la semana pasada Sandra Jiménez de la prestigiada página virtual Animal Político, escribió, de acuerdo a información solicitada a la Auditoria Superior de la Federación, que ésta había interpuesto 15 demandas penales en contra del gobierno de Veracruz, por “engañar a la autoridad, intentando ocultar faltante de los recursos públicos”, cuestionando de esta manera la afirmación que el 22 de junio del presente año, hizo el gobernador Javier Duarte de Ochoa. La reportera seguro, de acuerdo a la información de la ASF, que el gobernador mintió, al asegurar que tales demandas ya habían sido resueltas, porque afirmo que todo había quedado en sanción administrativa, efectuadas ante un fedatario, por lo que se exoneraba de la acción penal a los inculpados.
Sandra Jiménez agrega que ante la solicitud de Acceso a la Información, con número de folio 00028615, la ASF respondió el 17 de agosto que las denuncias están en curso, y que los funcionarios del gobierno de Veracruz “desviaron estos recursos realizando movimientos bancarios, primero, para simular las solventaciones de las irregularidades detectadas, y después para retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas sin que pudieran acreditar el destino final de ellos”.
Para salir del atolladero, “los bueyes huyeron hacia el pantanal”, porque la transparencia y la rendición de cuenta, no es moneda de cambio de la administración estatal, lo que potencializa a funcionarios proclives a la corrupción, que han consentido manipular información y recursos para beneficiar intereses del grupo, amén de clientelas políticas, administrativas y consanguíneas. La opacidad va de la mano de la parcialidad, porque de lo contrario abonaría a la credibilidad y legitimidad.
Es indiscutible que la falta de transparencia inhibe el desarrollo social, toda vez que los recursos que se aplican a aquellas áreas donde se requiere la obra para subsanar la carencia de infraestructura de los sectores más desprotegidos, es desviada para otros fines.
Por ello no podemos pedirle peras al olmo, en tratándose de información proveniente del propio gobernador Duarte, quien asegura por un lado que la deuda es de 44 mil millones de pesos, cuando el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, afirma que por lo menos la deuda de Veracruz es de 80 mil millones de pesos, porque son “44 mil millones los registrados con el sistema financiero, pero deuda, hay que decirlo con sus letras, es toda aquella obligación que compromete recursos futuros; ahí solo estamos considerando lo que se pidió prestado”. Efectivamente, de manera olímpica la primera autoridad estatal no contempla los pasivos, que con documentos en mano, y ya justificadas ante la SEFIPLAN, proveedores, prestadores de servicios, constructores y personas físicas y morales, deambulan desesperados en aguardo de que alguien se apiade de ellos y les cubra la deuda el gobierno del estado.
Y no se puede pedir peras al olmo, porque una cultura del negocio fácil que se ha estancado en la administración estatal, a costa del presupuesto público, no puede modificar conductas que devienen de la misma matriz del. Este comportamiento nada tiene que ver con la transparencia, ni con la verdad, porque sus valores como funcionarios públicos, obedecen a intereses de camarillas y caciques, antes que a los intereses de la sociedad, y de los grupos más vulnerables.
Por ello la ASF afirma que con estas acciones de evasión, el gobierno de Veracruz “causo daño grave” y se “atentó contra el interés superior de la sociedad”. Apunta que el gobierno está muy lejos del buen gobierno, por el contrario, la sociedad desea un cambio radical, donde las políticas de transparencia y rendición de cuentas sean prioritarias en la agenda pública estatal. Pero la gran pregunta es saber si el gobierno está dispuesto a abrir sus archivos, para aquellos interesados conocer a detalle, la deuda de aquellos proveedores que el gobierno omite. Sera que le falta información, o quizá por su falta de valor y probidad. Así las cosas, creo que es como pedirle peras al olmo, que el gobierno descorra la cortina para ver el verdadero rostro, aunque las evidencias mostradas por la ASF, son más que elocuentes para saber que estamos hablando de que “se causó daño grave”, y se atentó contra el interés superior de la sociedad”.
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