Javier Duarte al negar la obligación de su gobierno de entregar recursos a la Universidad Veracruzana se puso en el peor papel que puede tener un gobernador: Desconoce lo que dice la Constitución del estado que le toca mandar.
Javier Duarte definió a los dineros que se deben entregar a la Universidad Veracruzana como subsidio, e incluso dijo que esto se da “de manera generosa”, durante su conferencia de prensa del lunes 7 de septiembre; ahí presentó dos definiciones del termino subsidio, una de ellas contenida en el Diccionario Manual de la Lengua Española, Larousse: “cantidad de dinero que recibe una persona o entidad, como ayuda para satisfacer una necesidad determinada, especialmente la que reciben de un organismo oficial”.
Pero esto lo único que demostró es el desconocimiento de Javier Duarte, y de sus asesores jurídicos y financieros, de la Constitución de Veracruz, de la Constitución general de la República, de los derechos universales del hombre avalados por la ONU y de su falta de sensibilidad social.
¿Por qué se evidenció todo esto?
Para comenzar negó que los recursos que se entregan a la Universidad Veracruzana son una obligación que tiene el gobierno del estado, la cual está asentada en la Constitución de Veracruz, específicamente, y que se puntualiza cada año (como el mismo Duarte lo reconoció en su conferencia de los lunes) en un convenio que se firma entre la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado y la Universidad Veracruzana.
En cambio dijo que esto era un aporte “generoso”, pero ¿dónde está lo generoso, si el cubrir el presupuesto de la Universidad Veracruzana es una obligación constitucional?
Generoso sería que a los 2,465 millones de aportaciones que le corresponden este año a la Universidad Veracruzana y a las entregas extraordinarias acordadas con la SEP, que se hiciera un traspaso extra de recursos bien en efectivo o en especie y –claro- después de cubrir todos los déficits que existen con la institución.
¿En qué parte de la Constitución de Veracruz se expresa la obligación del gobierno del estado de aportar recursos a la Universidad Veracruzana?
Para comenzar a Javier Duarte -y quien le dio la nada gloriosa idea de negar la obligación del estado de entregar recursos a la Universidad Veracruzana- se les olvido el artículo 3 de la Constitución general de la República, el cual avala una de las garantías universales del individuo: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”.
Y en específico, en su apartado IV, señala que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.
Y el artículo 10 de la Constitución de Veracruz reproduce ésta garantía del ser humano: Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los municipios la impartirán en forma gratuita.
En el segundo párrafo de éste artículo se específica que “El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad Veracruzana y los particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley”.
Para mayor abundancia, como dicen los abogados, en el inciso i) de ese mismo artículo se anota que “La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior” la cual tiene entre sus facultades la de administrar “libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales”.
Que en el convenio diga “subsidio” y no aportaciones como lo marcan la Constitución y el Decreto presupuestal, lo único que muestran es que los abogados que elaboran y revisan ese documento no han prestado atención a los mandatos superiores.
Pero un gobernador que desconoce lo que la Constitución de su estado dice, eso… eso si es grave, muy grave…
¿La habrá leído alguna vez el señor Javier Duarte?, ¿le importará a sus asesores legales y financieros lo que dice ahí?
Esa misma falta de sensibilidad social es lo que ha convertido a su gobierno en un gigantesco deudor de la sociedad veracruzana, pero además ha llegado al límite de negar las deudas de forma pública y de amenazar con que se pagara sólo lo que a los ojos de su administración este “justificado”.
Ahora para todos los reclamos por deudas que se le hacen, lo primero que dice es que se revisará si el dinero que se pide está justificado en el gobierno del estado.
Esto es una medida que lleva, por lo menos, dos tendencias:
- Reducir el número de cobradores
- Ganar tiempo
La afirmación de que se hará una programación de pagos va en ese sentido.
Peor si realmente estuvieran interesados en llevar un control de pagos y de sujetarlo a los ingresos, no habría tanto dinero perdido, que no se nota en que se ejerció.
Un programa populista, encaminado a la obtención de votos, como las entregas o subsidios (¿estos si serán subsidios?) a personas mayores de 65 años, se suspendió desde abril de este año, con el pretexto de la elección federal, pero nunca más se reanudó.
El subterfugio para dejar ese programa sin ejecutar, es que existen personas que reciben apoyos de otras instituciones y que se haría una revisión puntual para determinar que los receptores nada más reciban ese apoyo.
Pero ¿cuántos ancianos dependientes únicamente de ese apoyo que se les negó podrán sobrevivir si ese era el único recurso que recibían?
Aquí incluso podría hablarse de una acción criminal.
El mismo pretexto de la “revisión” de las cuentas se utiliza con todos los empresarios, incluyendo a los músicos, que con frecuencia hacen sus plantones frente a palacio de gobierno reclamando que no les han pagado.
Este dejar que las deudas se acumulen ha llevado a que incluso grupos “aliados” como los profesores reclamen ahora con voz en cuello que no les han pagado una serie de prestaciones; y son maestros del SNTE, de los que dirige Juan Nicolás Callejas.
Las aguas se están desbordando, pero Javier Duarte -y todo el fidelato- piensan que podrán resolver la cuestión electoral del próximo año comprando votos al por mayor, aprovechando la pobreza de un estado donde ahora existen más de 4 millones de personas que no pueden satisfacer las necesidades mínimas, gracias a su mal gobierno.
Pero si quien se proclama como el gran místico del estado, casi al llegar a su quinto año de gobierno no conoce la Constitución del estado que le toca gobernar ¿qué esperanza real de bienestar social podemos tener los terrenales con su actuar?
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