Organizaciones piden a Estado garantizar derechos sexuales y reproductivos de infancia y juventud mexicanas

Aumentar e igualar la edad mínima para el matrimonio a 18 años, tanto en el Código Civil Federal como de cada entidad, garantizar el acceso de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual a la anticoncepción de emergencia y a la Interrupción Legal del Embarazo por violación, así como el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva, tales como información y métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo para adolescentes son las principales recomendaciones elaboradas por la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Dichas recomendaciones surgen del Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, el cual será presentado el próximo jueves 25 de septiembre ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con el documento, el embarazo en niñas y adolescentes con frecuencia es producto de relaciones de violencia sexual, falta de acceso a información y a métodos anticonceptivos, ausencia de una educación sexual integral y leyes que restringen el acceso al aborto, entre otros.

Las cifras indican que México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años, con 64.2 nacimientos por cada mil, según el reporte del Fondo de Población para Naciones Unidas sobre matrimonio infantil. Además, dos de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años, dos han estado embarazadas más de una vez. También, se estima que 17.4 por ciento de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años de los cuales entre 60 y 80 por ciento de ellos no son planeados.

Asimismo, resalta el texto, estos embarazos se convierten en causas que agravan la discriminación que sufren las niñas y las adolescentes en México, y por tanto, son una causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención de los Derechos del Niño como el derecho a la vida (artículo 6), el derecho al acceso a la información (artículo 17), el derecho a la salud (artículo 24) y el derecho a la educación (artículo 28).

El embarazo temprano es un fenómeno complejo en el que intervienen factores sociales, económicos y culturales por lo que su disminución depende de acciones coordinadas e integrales a desarrollar por parte de diversas instancias gubernamentales: las secretarías de salud locales y federal, los ministerios públicos, las secretarías de educación pública locales y federal, los órganos legislativos, entre otras dependencias.

El informe señala que una de las medidas es aumentar la edad legal mínima para el matrimonio a 18 años en el Código Civil Federal, pero se requeriría que esta legislación fuera modificada también en el ámbito local que es el competente para regular esta materia en el país.

Otro aspecto a trabajar, señala el documento, es el del acceso a servicios de salud reproductiva, pues los altos índices de embarazos tempranos que se presentan en el país están relacionados también con los bajos porcentajes de uso de anticonceptivos. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a personas de 15 a 19 años. Las encuestas muestran que 92.5 por ciento de las personas adolescentes conoce algún método anticonceptivo, pero sólo 64.1 por ciento utiliza alguno y 56 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años reporta no haber utilizado protección anticonceptiva en su primera relación sexual. .

Además, resalta el informe, el alto índice de embarazos no deseados en niñas y jóvenes es agravado por el precario o nulo acceso a la interrupción legal del embarazo en México, en reiteradas ocasiones, se ven obligadas a continuar con embarazos que representan un riesgo para su vida y su salud o bien recurrir a abortos inseguros.