PRI violenta derechos electorales ciudadanos: Julen Rementería

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El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto dio  a conocer que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) violentó los Derechos Humanos y Político-Electorales de los veracruzanos, al omitir la legislación reglamentaria sobre candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas y consulta popular.

En su pronunciamiento durante la Sexta Sesión Ordinaria en el Congreso Local, el legislador precisó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la razón a la minoría panista en el Estado.

“La impugnación contra los intentos priístas de omitir su tarea legislativa en la materia, se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso Local”, precisó.

Dijo que de acuerdo a la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular,  en su artículo tercero se ordena expedir la legislación en la materia en un plazo no mayor a un año.

Detalló que el proceso para hacer válida la denuncia presentada por Acción Nacional debió ser entregado directamente al Congreso Local, quien a su vez estaba obligado a responder y argumentar la denuncia para posteriormente entregar el paquete completo al TEPJF.

Destacó que las acciones emprendidas del Congreso Local evidenciaron la mala fe de la mayoría priísta que “arrancó unas hojas” buscando que la denuncia llegara incompleta a la instancia Federal correspondiente.

“Esto no ocurrió, gracias a que el PAN remitió el acuse original de la demanda al tribunal”, precisó.

Sostuvo que el PRI podría ser sancionado por violentar tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

“En un Estado Constitucional y democrático, la Constitución no puede ser tomada como una mera declaración política, constituye la norma fundamental y suprema a la que se debe ajustar todo ordenamiento jurídico porque sus mandatos son primordiales e ineludibles”, concluyó.