Senado puede lograr una reforma de justicia eficaz contra la violencia, afirman expertos

Representantes y especialistas de organizaciones sociales, internacionales y académicas, coincidieron en que existe una real posibilidad de que en el Senado se concrete, a partir de la iniciativa del Ejecutivo, una reforma en materia de justicia que permita contrarrestar eficazmente la violencia e inseguridad que enfrenta el país.

Ello durante los trabajos de la mesa cuatro de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia: Sistema de Competencia en Materia Penal, relativo al análisis y propuestas sobre la facultades de la federación y los estados, la cual fue moderada por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Lucía Chávez, directora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se pronunció porque la reforma incluya los feminicidios; el homicidio cometido por funcionarios públicos; la desaparición ejecutada por grupos criminales, agentes estatales o cualquier particular, además de la desaparición forzada y tortura, como lo establece la propuesta.

Debe contemplarse también, abundó, la intervención de la Procuraduría General de la República en casos graves de violación a los derechos humanos; situaciones en que los estados no tengan voluntad o capacidad para realizar juicios independientes; o tratándose de procesos judicializados ante instancias internacionales, dentro de tratados firmados por México.

Con tal propósito, se pronunció por la creación de una fiscalía federal así como estatales especializadas en derechos humanos, con una característica importante: que se tome en cuenta el contexto en que se cometa la violación o abuso de garantías.

José Antonio Caballero Juárez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), advirtió que en el país se tiene cierta tendencia reactiva, por lo que la iniciativa habla mucho de los delitos que más agravan a la sociedad, igual que reformas anteriores.

Consideró que antes de dar más pasos, se debe evaluar si dichas reformas han resuelto los problemas para las cuales fueron aprobadas en su momento, así como emprender la construcción del derecho penal y lograr su democratización.

En cuanto a los temas procesales, abundó, la iniciativa es acertada en la descripción de los problemas de competencia entre autoridades federales y estatales, pero se omiten dificultades como indolencia judicial, en la que jueces que buscan quitarse responsabilidades; indolencia en las procuradurías, “y esto no se va arreglar con reglas, sino con definiciones de responsabilidad”.

Hay problemas de tipo penal, como el que no estén tipificados en las legislaciones locales delitos, como la desaparición forzada, por lo que se pronunció a favor de una ley general.

Javier Oliva Posadas, politólogo y académico de la UNAM, estableció que en los últimos años el denominador común ha sido la prevalencia de la acción federal en la recuperación del estado de derecho y la paz pública a nivel local, debido a una notable pérdida de confianza de la ciudadanía respecto de las áreas responsables de administrar la justicia y preservar la seguridad pública.

Determinó que la absoluta dependencia de los municipios a las transferencias presupuestales federales y estatales, ha propiciado, a lo largo de la historia, una disfunción entre lo que considera la Constitución y lo que sucede en el sistema político; por lo que propuso impulsar un fortalecimiento de los ayuntamientos en vez de debilitarlo con la centralización del mando policial.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, advirtió que México llegó al límite de la violencia desde hace años, lo que motivó que los senadores Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática, y Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, presentaran iniciativas en materia de desaparición forzada.

En materia internacional, agregó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe emitido hace cuatro años, se propuso a México una serie de temas de debate; se emitieron más de mil 900 recomendaciones por dicha instancia y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Esas recomendaciones, venimos diciéndolo en cada foro, en cada espacio y reunión técnica, deben ser alimento para la reflexión y referencia directa de cualquier debate en el cual se planteen respuestas al país y, por ende, a las preocupaciones internacionales”, puntualizó Hernández Valencia.

“El Congreso debe poder, finalmente, sintetizar todos los debates y esfuerzos que hemos tenido, que no han sido públicos, en una acción final, ojalá, eficaz. Estamos en la posibilidad, por fin, de destrabar inercias y lograr, legislativamente al menos, el punto de partida, para iniciar el cambio”, afirmó.

Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República, explicó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal pretende ordenar el sistema de competencias penales.

Se ha perdido la ruta en las competencias penales, sostuvo, por lo que la idea es retomarlas, replanteándolas completamente, a fin de poder establecer una nueva forma de combate al delito y las competencias legislativas.

Hizo énfasis en que no hay contradicción en dar la posibilidad al Congreso de la Unión, en un caso de delegación absoluta del Constituyente, la facultad de establecer qué bienes jurídicos tutelados deben entrar en una materia de ley general, y la fracción que establece que haya una ley general de competencias, porque una se refiere al ámbito sustantivo y la otra al adjetivo.

En el apartado de preguntas y respuestas, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó el por qué en la propuesta del Ejecutivo federal, no se contemplaron modificaciones al artículo 124 constitucional, en el sentido de que todo lo que no está expresamente inscrito como competencia para las dependencias federales, se entiende reservado al ámbito local.

El senador Roberto Gil Zuarth preguntó por qué la iniciativa presidencial no expresa un ajuste al sistema constitucional de competencias y crear las leyes con quórums de votación diferente a los dos tercios, sin la participación de los congresos estatales, a fin de distribuir competencias no solamente en materia penal, sino también en seguridad.

La senadora del PAN, María del Pilar Ortega, cuestionó si se habla de unificación penal disfrazada o de una ley general, así como si no se da un cheque en blanco al Congreso en la repartición de competencias.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, respondió que no se trata de una unificación penal disfrazada; sino “tratar de meter orden” al tema de las competencias penales sin que se dejen de reconocer las características sociales o políticas propias de las entidades federativas. Puntualizó que, con algunas precisiones en la redacción de la iniciativa, se podría quitar la inquietud que se ha manifestado en el Senado de la República.