Recortes presupuestales / Lino Perea Flores

Aunque el gobierno federal hable de que se trata de enfrentar “ el entorno de la volatilidad en 2015” a través de recortes en el gasto público, la realidad es que el endeudamiento de México, la caída en los precios del crudo de exportación y la disminución en los niveles de producción, habrían hecho nugatorio cualquier esfuerzo por mantener las finanzas públicas del país en un nivel de estabilidad macroeconómica, si no se hubiera actuado pronto. No obstante, preocupa que el nivel de endeudamiento del sector público, esté  ligeramente por arriba del 40% del Producto Interno Bruto de México, según la Estimación de las Finanzas Públicas 2014 – 2015 de los Criterios Generales de Política Económica 2015 de la SHCP, lo que implica que para este año el servicio de la deuda del sector público mexicano sume aproximadamente 406,977 miles de millones de pesos, representando el 2.2% del PIB de México y el 10.1% de los ingresos presupuestarios del gobierno, es decir, más de mil millones de pesos diarios.

Como puede intuirse no son cantidades despreciables, por el contrario son cifras astronómicas preocupantes que paga el pueblo de México, con esa cantidad de intereses que hay que cubrir por el servicio de la deuda, que representan un porcentaje muy relevante del PIB, que en un año suman más del doble de los recursos públicos dedicados al desarrollo social en su vertiente contra el hambre en México. Para dar una idea, según la Secretaria de Sedesol, Rosario Robles, la política transversal del programa contra el hambre dedica solo en esta dependencia alrededor de “treinta o cuarenta mil millones de pesos”, mientras que se deduce que los ciento sesenta mil millones de pesos restantes, serán aportados por los otros organismos y dependencias del eje transversal.

Lo relevante es que con estos números se han venido encima los recortes presupuestales, que harán las cosas más difíciles para los tres niveles de gobierno, ya que a pesar de lo que se diga pareciera una incongruencia que por un lado se recorte el gasto público, pero por otro lado que se venda la gasolina casi al doble de los precios internacionales, pero además que se contrate un crédito para Pemex por 6,000 millones de dólares en “condiciones exitosas” para el país. Además en este sentido, lo que resulta poco claro es porqué si el día de la emisión de los bonos de deuda de Pemex, la tasa de interés de los Bonos de la Tesorería de los Estados Unidos (T-Bills) variaba de 1.22,1.77%, 2.4% a plazos de 5,10 y 30 años respectivamente, mientras Pemex pagaba a los inversionistas 2.9 veces, 2.5 veces y 2.3 veces más, respectivamente, a los plazos mencionados. Lo mejor hubiese sido no contratarle más deuda a esta empresa, para no recortarle ahora 60,000 millones de pesos a su presupuesto de ingresos.

Tal vez el nuevo sistema nacional anticorrupción debiera contener (analizar, evaluar y en su caso parar), cualquier exceso que pueda atentar contra el endedudamiento no solo de los gobiernos estatales y municipales, si no también federales. Por lo que respecta a la falta de transparencia y rendición de cuentas, saludamos la propuesta para crear el sistema mencionado, que debiera poner coto a la impunidad y los excesivos gastos e ineficiencias que en múltiples ocasiones se generan en los tres niveles de gobierno.

Por lo que se refiere a las nuevas reformas que endurecen los requerimientos de endeudamiento subnacional, estas facultan ya a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar a  los Estados y Municipios, donde dichos endeudamientos deben ser aprobados por las dos terceras partes de las legislaturas locales, el establecimiento de un registro público de deuda, las deudas ya no podrán heredarse de un gobierno a otro y deberán licitarse con la tasa de interés más baja, pero además estos empréstitos no deberán utilizarse para cubrir el gasto corriente de los gobiernos estatales y municipales.

Sin duda esta legislación contribuye a que los déficit presupuestales no se agraven y terminen, en recortes al gasto público por no haber reglas en este sentido. Esta nueva legislación pretende controlar los niveles de la deuda subnacional, establecer mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas, con sanciones a los funcionarios que no respeten sus disposiciones en la materia. Todo sea por el bien de los mexicanos.