Como veo…doy / Neftalí Urbina Díaz

El Gobierno del Estado de Veracruz, está enfrentando problemas mucho muy serios y de mayor peso en la violación de Derechos Humanos, que aquellos a los que tendrá que enfrentarse por la fabricación de culpables en los casos conocidos de violencia en la entidad y cuya celeridad, pone en duda el trabajo de los correspondientes actores.

Cuando el Estado actúa en beneficio unilateral, disfrazando las situaciones como “Problemas Sociales”, no sólo atenta contra las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino, además, en contra de los Derechos Humanos que, tras las últimas reformas, están a la misma altura que la Constitución.

Veracruz, además de estar pasado por  la peor crisis económica, educativa y de Seguridad Pública y Social en su historia, se está convirtiendo en la entidad con mayor número de violaciones a los Derechos Humanos, algunos ejemplos de ello son:

La nueva ley, propuesta por el ejecutivo de Veracruz y avalada por el legislativo de la misma entidad, sobre el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) resulta, a todas luces, una flagrante violación a los Derechos Humanos de Pensionados, Viudas y Jubilados de dicho instituto pues, de un plumazo, pretende desaparecer más de 5 mil MDP del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Estado, amén de dejar de pagar las cuotas que, como patrón, le corresponden al gobierno, por la relación laboral con los mismos, que son muchos y que han cotizado en el IPE desde la década de los 60’s.

El saqueo a dicho instituto comenzó en el sexenio de Miguel Alemán y se agudizó en el de Fidel Herrera, hoy, el gobierno de Veracruz, busca esconder dicho saqueo con una ley anti constitucional que pone en riesgo los Derechos Humanos de varios miles de veracruzanos que han cotizado en el IPE.

Esto no es todo, otro ejemplo que sucede en la actual administración estatal, lo constituye la construcción de un gasoducto que partirá del municipio de Emiliano Zapata hasta el de Coatepec, para surtir de gas industrial a las empresas Nestlé y Coca Cola, instaladas en éste último municipio.

El gasoducto atravesará 3 importantes municipios urbanos, poniendo en riesgo la seguridad  de más de 10 mil familias veracruzanas, sobre todo, del municipio de Xalapa ya que, dicho gasoducto, atravesará, en sus 30 kilómetros de recorrido, principales y muy transitadas arterias de la capital veracruzana, sólo para beneficiar a 4 empresas a saber:

Nestlé, Coca Cola, Gas Natural del Noreste, ganadora de la licitación por 30 años, para surtir de Gas Industrial a las empresas anteriores y una menor, encargada de administrar el gasoducto.

Las ganancias obtenidas por la instalación, puesta en marcha, operación y venta de gas para uso industrial en beneficio sólo para dos (2) empresas, al parecer, pesan más que la vida de varios miles de familias veracruzanas.

En otro renglón, el gran desabasto de medicamentos en los Servicios de Salud de Veracruz es real, evidente y constate a partir, otra vez, del sexenio próximo pasado; actualmente, un desvío de más de 24 mil MDP que no ha sido aclarado por la administración pública estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, no ha llegado a manos de la correspondiente Secretaría con el consecuente riesgo para varios millones de veracruzanos que padecen desabasto de medicamentos, falta de médicos y enfermeras y una pésima calidad en las instalaciones de los hospitales que dependen del Sector Salud en Veracruz.

Medicamentos caducos para curar una simple gripe, ya no digamos para atender casos graves como el cáncer en el Centro de Cancerología, corrupción a gran escala en la licitación para compra de material, equipos y medicamentos así como el aumento, a últimas fechas de muertes maternas en las salas de parto de los diversos hospitales que debe atender el gobierno de Veracruz a través de la Secretaría correspondiente, son el evidente ejemplo de las violaciones a los Derechos Humanos y de Acceso a la Salud de las y los veracruzanos.

Mientras que, en el renglón educativo, las próximas evaluaciones que, de acuerdo con la Reforma Educativa propuesta con el gobierno federal, comenzarán con el despido de docentes veracruzanos, a pesar de las afirmaciones del congreso local veracruzano que, asegura tajante: no se puede violentar el artículo 130 constitucional, a pesar de que, la mencionada Reforma, acota, en ese sentido los Derechos Laborales de los trabajadores de la educación y por ende el Derecho Humano al trabajo ya que, en Veracruz, se aplicarán sin contemplaciones, las normas de la Reforma Educativa.

Finalmente, la invasión de terrenos en la geografía veracruzana, en la gran mayoría de los casos propiciada por gente del mismo gobierno del Estado y en casos aislados, del gobierno municipal, ponen en riesgo la integridad física y la Seguridad Pública y Social de cientos de familias quienes, al ver la oportunidad de poder fincar un patrimonio propio, que hacen caso a líderes que, en la gran mayoría de los casos, buscan un beneficio personal y en la mayor parte de los casos, beneficios de tipo político dejando al final, en el abandono a quienes invadieron las tierras.

No podemos soslayar en éste sentido, el caso de la diputada local Minerva Salcedo Baca, líder del grupo Antorcha Campesina quien, a fuerza de manifestaciones de apariencia social e invasiones de predios urbanos y rurales en Veracruz, enarbolando banderas políticas de “Defensa Ciudadana”, logró conseguir la curul que hoy ocupa, a pesar de que, afirma, personalmente atiende a los miembros de su organización, lo cual, tomando en cuenta la cantidad económica que se recauda en cuotas por parte de los afilados, es creíble, a pesar de que estos, en más de una ocasión se han enfrentado a las fuerzas del orden público por desalojo de predios, o entre ellos mismos por no cubrir las cuotas correspondientes y dejar el espacio libre para otros agremiados.

En fin, que Veracruz como entidad federativa, lo tiene todo, principalmente, un serio y muy alto nivel de corrupción que, evidentemente, mantiene en complicidad a los tres poderes del Estado y a un fiscal para que, dado el momento, salga a dar “Respuestas Oportunas” ante el primer brote de descontento social que ponga en riesgo la estabilidad del gobierno.